Tres meses de reforma laboral: la compleja definición de los servicios mínimos


Los servicios mínimos son los estrictamente necesarios para proteger las instalaciones de la empresa.

El pasado 1 de abril comenzó la implementación de la Reforma Laboral, cuyo proyecto de ley se tramitó por 20 meses e implicó numerosas negociaciones y discusiones políticas y sociales.

Importantes cambios a la legislación se introdujeron, especialmente en el ámbito de la negociación colectiva: fortalecimiento de los sindicatos, fin del derecho de reemplazo, la ampliación del catálogo de conductas que se califican como prácticas antisindicales.

También la regulación de la obligación de los empleadores de entregar información a los sindicatos para preparar la negociación colectiva y el establecimiento del último contrato colectivo vigente como piso para la negociación.

Además de los indicados, uno de los aspectos que más tensión ha generado en los últimos meses es la definición de los denominados servicios mínimos. Veamos.

Los servicios mínimos son, en conformidad a la legislación vigente, aquellos estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, así como garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios.

Así, el personal destinado por el sindicato para atender los servicios mínimos durante la huelga se denominará equipo de emergencia y se conformará con trabajadores involucrados en el proceso de negociación que serán remunerados por el tiempo trabajado.

El alcance de los servicios mínimos debe ser determinado mediante negociación por las partes y en caso de que no arriben a un acuerdo, por la Inspección o Dirección del Trabajo.

Y ¿qué ha pasado en la práctica? A cerca de 2.500 empresas les corresponde iniciar sus procesos de negociación colectiva durante 2017 y muchas de ellas se encuentran entrampadas en la definición de los servicios, ya sea a nivel de empresa, Inspección o Dirección del Trabajo e incluso algunas, ya en los tribunales de justicia.

La razón es natural y simple. Los sindicatos quieren la menor cantidad de servicios y la empresa, la mayor posible.

Tres problemas adicionales

Tres problemas adicionales han derivado del retardo en la definición de los servicios:

1. La gran cantidad de procesos en marcha y contiendas por su definición que llegan a la Inspección del Trabajo, la que se encuentra ante el complejo desafío de “sentar bases” para futuros procesos de definición de estos servicios.

2. La prolongación del contrato colectivo vigente por el ministerio de la reglamentación que así lo dispone, que ha sido cuestionado por algunos sectores, ya que la regla general es que los contratos se modifican según acuerdo de las partes y, se ha señalado, esta prórroga entra en ese ámbito de autonomía de la voluntad y no en el de la reglamentación.

3. El tercer foco de tensión han sido las bases de muchos sindicatos que esperaban haber obtenido los beneficios de sus nuevos contratos colectivos que de acuerdo a la legislación antigua, ya deberían estar vigentes, los que no han podido percibir, ya que se encuentran pendientes los recursos que entablan las partes para la definición de estos servicios.

Este artículo contó con la colaboración de Marcelo Marzouka, coordinador de investigación del Programa de Negociación UC.