Paro de camioneros y negociaciones

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El paro de los camioneros nos muestra lo complejas que pueden resultar las negociaciones cuando ambas partes cuentan con poderosas herramientas para hacer prevalecer sus intereses.

En abril pasado (2022) a través de las redes sociales, se llamó a un paro nacional de camiones que comenzaría el lunes 25 de abril. Si bien hubo agrupaciones gremiales que no se sumaron, ese día hubo importantes atochamientos vehiculares a lo largo del país.

Los camioneros del país no están afiliados a una sola agrupación, sino que coexisten diversas organizaciones que representan grupos heterogéneos en tamaño, región geográfica, sector productivo, etc.

Así, la Organización de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones, afirmó que realizarían un paro nacional el martes 26 de abril. Por su parte, tanto la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) como la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) no estaban dispuestas a participar en el paro convocado.

Paro de camioneros: llamados a dialogar

En dos oportunidades, lunes 25 y martes 26, Izkia Siches, ministra del Interior, invitó a los camioneros a dialogar, manifestando la disposición del Gobierno a solucionar los problemas que aquejan al gremio.

Por su parte, un grupo de transportistas de Paine entabló negociaciones directas con el delegado Presidencial del Maipo y los seremis de Obras Públicas y de Transportes, llegando a un acuerdo que los dejó satisfechos y los decidió a deponer el paro el día martes 26 a las 17.00 horas.

Ese mismo martes, la ministra del Interior dio un ultimátum a los transportistas movilizados: el plazo para finalizar el paro vencía a las 16:00 horas. Con esto, se evidenciaba un cambio en la actitud del Gobierno, al invocar la Ley de Seguridad del Estado.

Negociaciones: tropiezos y malentendidos

Es evidente la complejidad de la situación y las dificultades que presenta a las negociaciones. Los transportistas están representados por varias organizaciones, con petitorios y estrategias de negociación diversos. Por parte del Gobierno también hubo diversos negociadores con agendas y resultados diferentes.

No es raro, entonces, que se hayan producido tropiezos y malentendidos. Un ejemplo de esto es que se levantó una querella en contra de la ministra del Interior por no denunciar los bloqueos de carreteras dentro de 24 horas de iniciados.

Otro ejemplo se refiere a que los transportistas de Paine, quienes habían negociado exitosamente con autoridades locales concluir con el paro a las 17:00 horas. Ellos manifestaron su sorpresa por el ultimátum de Siches e insistieron en que levantarían el paro a las 17:00 y no a las 16:00 horas como exigía el Gobierno.

Un ejemplo adicional es que, en la zona sur, el camino fue cortado por partidarios del movimiento “Magallanes se manifiesta”, quienes demandaron 19 puntos. Ante esto, Cristian Bretti, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), que no participó en este paro, señaló que “por falta de experiencia los colegas llegaron con una lista de supermercado y así es difícil llegar a acuerdo”.

Negociaciones: ambas partes poderosas

Es necesario considerar, además, que ambas partes negociadoras cuentan con poderosas herramientas para hacer prevalecer sus intereses. En un país como Chile, el servicio prestado por los transportistas resulta vital. De hecho, si bloquean las carreteras pueden impedir el libre desplazamiento, el abastecimiento y el acceso a los servicios básicos a millones de personas.

Por su parte, el Estado cuenta con el monopolio del uso de la fuerza. Y el presente Gobierno ha sido criticado por no hacer uso de este derecho.

En este sentido, la apelación a la Ley de Seguridad del Estado constituye una demostración de la disposición del Gobierno a ejercer su poder. Y, por cierto, la continuación del paro más allá del plazo indicado implica un desafío.

De hecho, incluso algunos, como Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, han manifestado su desacuerdo: “Entendemos que el Gobierno tiene que gobernar, pero no estamos de acuerdo con esta medida. ¿Por qué no aplican la Ley de Seguridad del Estado en contra de los terroristas?”.
Los camioneros, entre otras cosas, demandan seguridad. Y, al hacerlo, ponen en jaque al Gobierno precisamente en el punto que los aflige: el uso legítimo de la fuerza para resguardar la seguridad.

 

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