Cuando las normas vigentes entran en tensión: el caso de Codelco


Es común que las atribuciones legales de distintos organismos generen colisiones, no solo en Codelco.

Hace algunas semanas, se hizo público un comentado dictamen de la Contraloría General de la República, en la que se cuestionaba la indemnización otorgada por Codelco a un exdirector, en virtud de la cual recibió un monto cercano a los 500 millones pesos.

El dictamen no solo puso en entredicho la pertinencia del monto indemnizado, sino que cuestionó la capacidad de Codelco de disponer libremente de sus recursos, lo que tendría implicancias en la amplia variedad de relaciones jurídicas que establece todos los días.

No solo el directorio de la minera reaccionó con preocupación; la interpretación podría tener impacto en la administración de otras empresas estatales.

De acuerdo a la Contraloría, los principios de eficiencia, eficacia y probidad, que rigen el actuar de los órganos de la Administración del Estado, le serían plenamente aplicables a Codelco en su calidad de empresa creada por ley y por ello, su capacidad de disponer libremente de los recursos que maneja en el contexto de su giro estaría limitada.

Así, el dictamen determinó que las estipulaciones convencionales que autoriza el Código del Trabajo —como serían por ejemplo las indemnizaciones superiores al estándar mínimo establecido en la ley—, que constituyen una expresión de la autonomía de la voluntad de las partes, suponen contar con la capacidad de disponer libremente de los recursos, facultad de la cual a su juicio las empresas estatales carecen.

¿Qué ha dicho Codelco? Su principal reparo es que la fiscalización directa por parte la Contraloría no procede. Además, defendió su actuación, toda vez que la indemnización otorgada se enmarca en un plan de retiro voluntario establecido acorde a la legislación laboral en los contratos respectivos.

¿Servicio público o empresa estatal?

En una noticia publicada en El Mercurio, que resume el desconcierto de al interior de la minera, el presidente del directorio parecía preguntarse ¿Somos un servicio público o una empresa estatal?

Más allá del desenlace de este conflicto, que podría judicializarse, lo interesante es otro punto; si bien la discusión se enmarca en la interpretación de las normas vigentes, va mucho más allá de ellas.

En la práctica, es común ver que las atribuciones de los organismos, determinadas por la ley, generen colisiones. Solo basta recordar la reciente contienda de competencia entre la misma Contraloría y la Corte Suprema, a raíz del estatuto previsional de los funcionarios de las Dirección General de Aeronáutica Civil.

Sin embargo, también los principios que están detrás de las normas pueden entrar en tensión y deben necesariamente ser armonizados.

El problema de fondo, como señalaba acertadamente Óscar Landerretche, dice relación con el gobierno corporativo de Codelco.

En definitiva ¿Cómo armonizar el necesario control de los recursos que administra una empresa estatal, pertenecientes a todos los chilenos, cuya disposición debe ajustarse necesariamente a lo más altos estándares de probidad, eficacia y eficiencia, con la necesaria autonomía de gestión que requieren estas empresas para ser competitivas en un exigente mercado?

La respuesta no es fácil, pero una buena noticia sería una determinación que, armonizando ambos principios, otorgue certeza jurídica a las empresas estatales y asegure su capacidad de ser competitivas.

En este artículo colaboró Benjamín Astete.