Control y transparencia: Recuperando la confianza

Escrito por : Darío Rodríguez

Amedrentar y amenazar a quienes hacen su trabajo, como la Contraloría, forma parte de aquellas tácticas sucias que deben ser evitadas.

La crisis social que atraviesa Chile no ha dejado indiferente a ningún sector de la sociedad. Por el contrario, han sido innumerables los costos que ha traído a nivel humano, económico, político y social. Aunque no existen datos que puedan dar cuenta de los efectos del estallido social, existe un bien que sin duda se ha sido afectado: la confianza.

Conceptualmente, Luhmann define a la confianza como una apuesta hacia el futuro que se apoya en el pasado (Luhmann, 1996). Existen al menos tres tipos de confianza: la interpersonal, es decir, la que existe entre las personas; la institucional, esto es, la que se tiene en las organizaciones e instituciones; y la sistémica, que dice relación con una dinámica social mayor, como la continuidad del orden social y moral.

Previo al estallido social, el foco en el estudio de la confianza se concentraba principalmente en la confianza interpersonal, con números preocupantes: solo entre un 12% y un 14% de la población chilena afirmaba confiar en la mayoría de las personas (Latinbarómetro, 2018; C. Transparencia, 2017; CPP, 2015). Cifra sustancialmente menor si se compara con países desarrollados.

En relación a la confianza institucional, la situación parecía no ser mucho mejor. Un reciente estudio (UDD, 2019) indicó que la confianza en las instituciones alcanzaba una calificación de 2,7 en una escala de 1 a 7. Por su parte, un 81% de los encuestados afirmó creer que existe una crisis de las instituciones en Chile.

Si bien no existen datos que den cuenta del impacto en la confianza que ha tenido la crisis social en Chile, probablemente este no sea menor.

Instituciones cuestionadas

En este contexto, a las distintas instituciones les ha sido sumamente difícil recobrar la confianza por parte de la población. Se han hecho múltiples intentos desde distintas veredas para subsanar esta situación, como la contratación de la campaña comunicacional “Por la Paz” por parte de la Subsecretaría General de Gobierno.

Dicha contratación implicó el inicio de una investigación por parte de la Contraloría General de la República, a propósito de eventuales irregularidades en el proceso de compra de dicha campaña.

La Contraloría, es un órgano que goza de autonomía constitucional, es decir, es autónomo del poder ejecutivo, judicial y legislativo. Su función es controlar la legalidad de los actos administrativos, verificando que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales; y además, resguardar el correcto uso de los fondos públicos, utilizándolos de forma eficaz y eficiente.

Durante los últimos meses, a propósito del estallido social, se ha elevado el número de denuncias y solicitudes de fiscalización que ha recibido el organismo, lo que ha generado una fiscalización más intensa por parte del mismo.

Entre las actuaciones más relevantes del último tiempo, se destacan múltiples requerimientos de información e investigaciones iniciadas en contra de Carabineros, de distintos ministerios y de municipalidades.

Coloma contra Contralorito

En este contexto, el pasado 2 de enero el diputado Coloma cuestionó el actuar de Contraloría, a propósito de una nueva investigación, esta vez en contra de Carabineros, por insultos proferidos desde un carro policial en contra de una manifestante. Señaló que el órgano fiscalizador perdía el tiempo.

Contraloría, por su parte, indicó que esta es una de sus funciones, por cuanto había recibido distintas denuncias ciudadanas alertando del hecho. Esto dio pie a una suerte de discusión por redes sociales.

Posteriormente, el diputado realizó un oficio por medio de la Cámara de Diputados, buscando obtener información de aquellos trabajadores que manejan las redes sociales de la institución —en particular @ContraloritoCGR— lo que propició una serie de hostigamientos, “funas” y amenazas para el community manager de la institución.

En este momento tan crítico de la historia, parece pertinente invitar a la reflexión a los distintos sectores de la sociedad, llamar a la autocrítica y aprender de los errores. Avanzar hacia un mayor control y transparencia es un camino más para reconstruir la confianza perdida. Por el contrario, amedrentar y amenazar a quienes hacen su trabajo, forma parte de aquellas tácticas sucias que deben ser evitadas. Ese no es el camino.

Este artículo contó con la colaboración de Felipe Martínez, coordinador de investigación del Programa Negociación UC.

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