El caso del Canal de Panamá y el equilibrio económico de los contratos

Escrito por : Ricardo Nicolau
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La ampliación del canal de Panamá demuestra que la inevitabilidad de las modificaciones en contratos de construcción complejos y de larga duración es un hecho cierto. Atención con el equilibrio económico de los contratos.

Por la magnitud de las obras, los desafíos técnicos a resolver y los montos de inversión comprometidos, la ampliación del Canal de Panamá constituyó uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de los últimos años.

El principal contrato era el diseño y construcción del tercer juego de esclusas y los segmentos de canal correspondientes, en ambos extremos, Atlántico y Pacifico, que permitirían el paso de buques “postpanamax”. Las 16 compuertas de las esclusas tienen pesos individuales superiores a las 3.000 toneladas y sus dimensiones se comparan con un edificio de 15 pisos.

La adjudicación del contrato por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al consorcio Grupo Unido por el Canal (GUPC), integrado por las constructoras Sacyr (España), Impregilo (Italia), Jan de Nul (Bélgica) y Cusa(Panamá), fue controvertida por haber ofertado GUPC un precio de 3.118 millones de dólares, del orden de un 10% bajo el presupuesto oficial y mil millones más bajo que la segunda oferta. Deloitte auditó el proceso de evaluación de las ofertas, no recibiendo objeciones.

Canal de Panamá: se suspenden las obras

En enero de 2014, a más de tres años de iniciadas las obras, el consorcio GUPC comunicó a la ACP que suspendería los trabajos si no se le reconocían mayores costos por un monto de 1.650 millones de dólares. La ACP respondió que ello era materia de la Junta de Resolución de Disputas, que contemplaba el contrato, y a la que se convocó.

El día 7 de febrero de 2014 GUPC suspendió sus actividades, las que solo se reanudaron el día 20 de ese mes, tras un preacuerdo de solución logrado con la intervención de los gobiernos de Panamá, España e Italia. El avenimiento final tomó largos meses de negociaciones.

Tipo de contrato para la ampliación del canal de Panamá

El marco contractual base adoptado por la ACP para esta obra fue un modelo de la FIDIC (1999), al cual se le incorporaron condiciones adicionales.

El contrato era “a riesgo y ventura del contratista” (suma alzada). La ACP se eximía de toda responsabilidad por la suficiencia, idoneidad y completitud de la información proporcionada para el estudio de las ofertas, en relación con las condiciones físicas y del subsuelo, a excepción de lo contenido en el informe geológico-geotécnico interpretativo y la topografía.

El precio pactado a suma alzada tenía la posibilidad de ajustes o revisiones por modificaciones o por causas sobrevinientes o imprevisibles. Además, afortunadamente, contemplaba un procedimiento para resolución de conflictos. ¿Cómo? Mediante una Junta de Resolución de Conflictos y la posibilidad de recurrir a un Tribunal Arbitral Internacional en el caso de no alcanzar acuerdos.

Equilibrio económico del contrato

El restablecimiento del equilibrio económico del contrato estaba resguardado al contemplarse el reembolso de costos y gastos producto de modificaciones introducidas por la ACP o por hechos extraordinarios o imprevisibles al momento de celebrarse el contrato. Sin embargo, el pliego contractual no era sistemático ni exhaustivo en estos aspectos, lo que se tradujo en que la ACP no resolvió oportunamente las reclamaciones.

Los sobrecostos más importantes tuvieron relación con:

  • trabajos adicionales
  • mayores costos producto de diferencias entre la realidad y lo indicado en la información geológico-geotécnica
  • cambios impuestos por la ACP, que obligaron al contratista a estudiar soluciones y diseños alternativos, que representaron más de 880 millones de dólares de aumentos.

A propósito del canal… dos comentarios para concluir

(1) La inevitabilidad de las modificaciones en contratos de construcción complejos y de larga duración es un hecho cierto. Y, por lo tanto,  requiere disponer de las flexibilidades administrativas necesarias para poder mantener el equilibrio económico del contrato.

(2) Siempre será preciso mantener los necesarios resguardos contractuales con el fin de evitar reclamos indebidos, que provengan de ofertas temerarias o de circunstancias fraudulentas.

 

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