Burocracia: ¡Urge modernizar el Estado chileno!

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Durante la primera mitad del siglo XX, el Estado chileno se constituyó en el motor del cambio social: se hizo cargo de la educación, la industrialización, la urbanización, mitigó y ofreció soluciones a la masiva migración campo-ciudad de los años 50, etc.

Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX y los comienzas del XXI, de ser un Estado modernizador pasó a un Estado que requiere ser modernizado. Los incentivos, que hicieron posible que el país se hiciera parte de la sociedad mundial, hoy son insuficientes cuando no obstaculizan el avance.

Se sabe que la cantidad de trámites necesarios para crear una pyme, solicitar dinero a un fondo concursable, intentar exportar o importar algo, etc. hace sumamente difícil cualquier tipo de emprendimiento.

Todas las organizaciones —también las fiscales— se estructuran en torno a normas que regulan sus actividades, facilitando su interacción con los usuarios. Estas normas resultan de decisiones y, por lo mismo, parecería fácil hacer que su cambio fuera expedito —bastaría una decisión— para evitar los problemas derivados de normas atrasadas e inadecuadas para responder a demandas nuevas.

Viejas e inútiles normas

Lamentablemente, no es ese el caso. Viejas e inútiles normas continúan vigentes, y partes de la nueva normativa, recientemente dictada, no responden a lo que se espera de ellas. Tanto los funcionarios que exigen su cumplimiento, como los usuarios que las sufren, se dan cuenta de que de nada sirven, pero se requiere respetarlas formalmente. “Es solo una formalidad”, reconoce el funcionario en su ventanilla de atención, “pero estoy obligado a ser inflexible en su control”.

Las normas remiten a otras normas y se entrecruzan entre sí, resultando una red de controles que resulta difícil entender. En algunas oficinas, se exige algo que en otras tarda en ser entregado al desconcertado usuario. Naturalmente, “a río revuelto…”, hay quienes navegan diestramente en este proceloso mar y consiguen beneficios inmerecidos cuando no ilegales.

Los plazos perentorios que impone una norma a un usuario para presentar una demanda, solicitud, denuncia o simple reclamo por sus derechos, se tornan enormemente laxos para dar una respuesta al demandante.

Hay, por ejemplo, sumarios administrativos, solicitados por un funcionario o por usuarios del sistema, sobre los que parece imposible saber algo. Han entrado a la caja negra de la burocracia, especialmente si afectan a alguna autoridad, y nada se puede esperar.

En muchas situaciones, cuando por fin está disponible la resolución que determina responsabilidades y sanciones, el plazo transcurrido ya ha sido el suficiente para que el inculpado se sienta en el derecho de reclamar la prescripción.

Si el afectado hubiese dejado pasar el plazo perentoriamente establecido de x días hábiles, no habría podido siquiera hacer su reclamo. Si alcanzó a cumplir con esa exigencia, puede sentarse a esperar, aunque haya un plazo (que parece serio), también de x días hábiles para contar con una resolución.

¿Estrategia de infractores?

Acaso ¿no será esta una estrategia que los infractores utilizan para escapar a sus sanciones?

Incluso hay ejemplos en que la propia Contraloría General de la República ha demorado su respuesta hasta que el afectado se ha visto obligado a recurrir a tribunales para resolver su problema. Y, apenas este ha presentado su demanda, recibe una carta de la Contraloría en que se declara incompetente porque el asunto ha ingresado a tribunales.

La ley de transparencia ha permitido esclarecer numerosas situaciones. No obstante, al igual que otras leyes, es burlada deliberadamente. Quienes se saben en peligro de ser desenmascarados ponen toda clase de dificultades para cumplir con ella, por ejemplo, demoran largamente su respuesta y a veces entregan documentos ilegibles.





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